La confluencia temporal entre la delicada situación (geo)política que vive Venezuela y la necesidad del sistema económico global de deslegitimar cualquier iniciativa redistributiva ha catapultado al gobierno de Nicolás Maduro a la palestra interpretativa internacional. Un espacio mediático-social en el que justificación sistémica puede proyectar libremente sus fobias, abolir el escrutinio causal y transportar el foco político-analítico del modelo de gobernanza trans-atlántico al wild-west tropical. La crisis venezolana no es noticia porque su cuadro macroeconómico exponga los límites sociales y acumulativos de nuestro sistema, Venezuela acapara portadas porque su ejemplo resulta útil para aplacar la actual revuelta política occidental. Porque la deflagración económica de Caracas puede usarse para torpedear las opciones interpretativas de Ocasio-Cortez, de Corbyn y de los Chalecos Amarillos. Porque, ante el analfabetismo político-macroeconómico general, esta propaganda funciona.
Lo cierto es que la problemática venezolana representa de una manera causalmente fiel los límites de lo socialmente posible dentro de un ecosistema regido por la ley del valor. La crisis macroeconómica del país se deriva de la inevitable confrontación entre las aspiraciones sociales de un pueblo, la ineficiencia desarrollista del sistema de mercado y un contexto acumulativo global en el que el Estado se ve escalarmente obligado a claudicar ante la nueva espacialidad del capital. La difícilmente progresista intersección entre la social-democracia, el secuestro de la función de producción y la transnacionalidad contemporánea de los flujos de valor.
El elemento más definitorio del marco político y productivo-material de la economía venezolana es sin duda alguna el petróleo. La economía política del país es la derivada macroeconómica mono-causal del precio del crudo en el mercado internacional, tanto en su vertiente distribucional como también en la colección de variables que explican su actual ecosistema productivo. Una particularidad que explica por qué Venezuela ha protagonizado una de las trayectorias de desarrollo socio-económico más convulsas de este último siglo. Una economía política retroalimentada a la que ningún gobierno ha querido dar una salida sostenible y defendible internacionalmente en los últimos 70 años.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela ostentaba la cuarta renta per cápita más alta del planeta y sus trabajadores eran el foco de la envidia distribucional del continente. El espejismo de la Argentina del siglo XIX. Un país con un potencial primario absolutamente demencial llamado a encabezar el desarrollo material del polo latinoamericano. Sin embargo, al igual que las famosas proyecciones británicas sobre el inmensamente rico extremo austral, este equilibrio macroeconómico coyuntural fisiocrático demostró ser totalmente ficticio. A la llegada del nuevo milenio, el país había conseguido la virtualmente imposible tarea de haber recorrido medio siglo sin haber aumentado en un solo dólar su capacidad de manufacturar valor internacional. Así, en el año en el que Chavez llegó al poder, el país contaba con el mismo nivel renta per cápita con el que este llegó a la década de los cincuenta. En todo este tiempo, el potencial orgánico de Venezuela había permanecido petrificado. Su economía había perdido gradualmente impulso acumulativo y fiscal real para fundirse estructuralmente con el destino del PIB petrolero.
El advenimiento de la revolución Bolivariana no introdujo cambios estructurales a la economía política venezolana. El análisis de las causas detrás de este desastroso desempeño macroeconómico ni ganó peso político ni impulsó la batería de reformas necesarias para modular la kafkiana estructura acumulativa del país. La década chavista, lejos de intervenir el marco macroeconómico existente, solo alteró la vectorialidad de los flujos de renta en un –importante- giro distribucional pro-social. Chavez materializó el mandato de nacionalizar la industria petrolera e hizo canalizar sus rendimientos a través de un efectivo programa de integración nacional. Un programa que fue pionero en toda América Latina tanto en términos de escala como también de capacidad.
En consecuencia, si la era Chavez obtuvo un gran éxito macroeconómico, político y social no fue por las opciones políticas de Caracas. Chavez alcanzó el éxito político porque su gobierno pudo canalizar distribucionalmente la segunda gran subida del precio del crudo de nuestra historia. Una salvaje inflación petrolera impulsada por elementos exógenos a Venezuela que financió salarios mínimos en rápido crecimiento, soluciones habitaciones en masa y coberturas educativas, médicas y nutricionales de amplio espectro. La ofensiva socio-económica inclusiva sobre la cual Hugo Chavez articuló el movimiento que, en su gran visión política nacional, estaría llamado a transformar la sociedad venezolana.
A su muerte, Nicolás Maduro heredó un sistema acumulativo y de gobierno destinado, tarde o temprano, a volar por los aires de la manera más espectacular. Una bomba de relojería de la cual no solo dependía la capacidad de Venezuela de operar en el mercado internacional, sino también la realidad distribucional sobre la cual esta había construido el proyecto y el orden social bolivariano. En 2014 ocurrió lo inevitable. El precio del crudo se desplomó y el país entró en una vorágine depresiva de unas proporciones que ridiculizarían al colapso macroeconómico griego de 2011. Venezuela volvió, una vez más, a 1950.
Sin entrar a valorar las derivadas políticas y geopolíticas de una devaluación social de calibre bélico, podemos aproximarnos a los mecanismos detrás de la deflagración del modelo acumulativo venezolano y a su probable futuro macroeconómico explorando cómo otras economías petroleras han afrontado este mismo reto. Esencialmente, la estabilidad macroeconómica de un país exportador de crudo frente a la volatilidad internacional depende de su capacidad para no perder poder de compra internacional. De su capacidad de generar PIB internacional no petrolero o, alternativamente, de su habilidad para gestionar unas reservas internaciones sostenibles en un contexto de mercado exterior hostil.
Si la fuente de ingresos internacionales por la venta de crudo se desintegra, una economía puede hacer uso del valor internacional almacenado para poder –intentar- continuar comprando sus actuales niveles de consumo de importación. Esta es la vía de las reservas de divisas y de los fondos soberanos. El instrumento de estabilidad macroeconómica de emergencia que, acumulado durante los episodios de bonanza exportadora, permite asegurar a una determinada moneda un margen de maniobra internacional en el caso de que su mercado ultramar objetivo colapse.
Venezuela, al contrario que posiciones más conservadoras como Noruega o Arabia Saudí, no capitalizó un precio internacional del petróleo para blindar financieramente necesidades de importación futuras. Utilizó el valor internacional obtenido mediante la exportación de crudo para, comparativamente con respecto a su reserva de divisas, disparar sus importaciones presentes. Para comprar en el exterior aquello que el país no podía producir internamente o aquello que el capital nacional no estaba en condiciones de ofrecer al precio que el gobierno venezolano había convenido.
Chavez basó su programa nutricional y sanitario, en buena parte, en la compra internacional -por crudo- de comida y medicamentos que, posteriormente, eran comercializados domésticamente a precios subvencionados. El mismo mecanismo que permitía desplegar una red asistencial Beveridge-iana muy por encima de lo que la rentabilidad del capital doméstico venezolano podía ofrecer. Desmontando la narrativa tradicional, si Venezuela optó por una posición diametralmente opuesta a la doctrina petro-económica Saudí fue precisamente porque, al contrario que en Riad, la voluntad popular sí tenía un alto peso agencial en Caracas.
La posición internacional que forzó la democracia venezolana hizo que, a la llegada de la caída del precio del petróleo, el país se enfrentara a un escenario macroeconómico infernal. Venezuela no podía reproducir el nivel de consumo internacional que había consolidado político-socialmente durante la época de bonanza petrolera y el gobierno no disponía de las reservas internacionales ni para defender financieramente el nivel de consumo internacional previo al boom. Además, Venezuela había proyectado el salvamento de su poder de compra en base a la acumulación de reservas de oro, el vehículo menos líquido del mercado. En consecuencia, Caracas no solo experimenta hoy serias dificultades para liquidar su valor internacional acumulado, sino que también es rehén distribucional de quienes se lo almacenan.
La pobre política de reservas internacionales es uno de los factores que explican el terrorífico puzle socio-económico al que se enfrenta hoy el gobierno de Maduro, pero no el principal. Venezuela no pudo responder al ecosistema macroeconómico posterior a 2015 y evitar que sus finanzas domésticas e internacionales del país saltaran por la ventana debido a la nula diversificación de su capital doméstico. Debido al –muy- pobre desarrollo productivo interno. La base industrial nacional no petrolera que hubiera permitido, como en el caso noruego o ruso, salvaguardar el sostenimiento de la generación de valor internacional del país tras el shock.
Venezuela opera bajo un ecosistema macroeconómico caracterizado por un anémico potencial industrial cuya importancia geopolítica y social ha sido sistemáticamente ignorada por todos y cada uno de sus gobiernos. El capital venezolano ha tenido una trayectoria tan desastrosa que, de 1957 a 2005, el PIB medio por asalariado aumentó solo un 11%, el valor nuevo por asalariado cayó un 40% y la productividad del capital se desplomó en un 43%. A lo largo de este último medio siglo, Venezuela ha sufrido un desarrollo orgánico plano que ha condenado al país a ratios de desempleo y empleo informal totalmente desproporcionados en relación al contexto macroeconómico latinoamericano. A consecuencia de esta geografía productiva, Venezuela ostenta hoy uno de los índices de competitividad internacional más bajos del continente. La formación de capital por ocupado no consigue despegar y su economía ha sido incapaz de mantener el ratio comparativo en complejidad económica con el que esta contaba en 1980.
El problema principal de Venezuela es que ningún gobierno ha tomado la iniciativa y emprendido un plan de reformas macroeconómicas ambicioso cuyo centro de gravedad fuera la manufactura endógena-mecánica de bienestar. Al contrario, la política por defecto de Caracas ha sido la de obviar la problemática productiva interna y encomendarse a la renta petrolera para conseguir, artificialmente, lo que solo puede obtenerse por medio de la productividad. A consecuencia de esta doctrina, Venezuela llegó al 2016 con un abanico internacional en el que solo un 4% del total exportado no era puro y simple petróleo. La base petro-financiera de lo que llegó a constituir la mitad de los ingresos fiscales del Estado.
Con el crudo como hack macroeconómico, Caracas creó una estructura material que no se correspondía con su nivel de desarrollo. Su gasto público era el más alto del continente y los bienes básicos dependían de las subvenciones del Estado para penetrar los estratos más bajos de la sociedad. La represión productiva interna que el salario mínimo y los controles de precios imponían al capital privado se resolvía asistencialmente ex post y el Estado ganaba centralidad distributiva sin complementarla con base manufacturera detrás. Todo el sistema constituía una enorme máquina retroalimentada que, si bien esta estaba guiada por el impulso democrático y los objetivos más nobles, su estructura de incentivos generaba, año tras año, un teatro macroeconómico cada vez más demencial.
Caracas quedó atrapada en un círculo vicioso en el que confluyó ambición social, anemia capitalista nacional y un alto precio internacional del petróleo. Acomodada en su forma macroeconómica, esta tríada estuvo condenada a reproducirse y a intensificarse disfuncionalmente a lo largo sus tres extremos. El pobre capital nacional y la alta ambición social del movimiento bolivariano catapultaron la centralidad acumulativa de la exportación de crudo. El sector petrolero, su potencial inflacionario y su capacidad para financiar un estado del bienestar incompatible con la productividad del sistema hundieron al sector privado y ambas tendencias crearon un cuadro exterior insostenible. Una posición internacional en la que Venezuela disparó sus importaciones, imposibilitó el despegue exportador de naturaleza no petrolera y convirtió a la prudente gestión de una cartera de divisas en una medida políticamente impopular.
Sin una plataforma exportadora industrial alternativa para generar el valor internacional necesario para poder financiar su sistema, la tríada colapsó en 2014 con la salida del pilar petrolero de la ecuación nacional. Sin capacidad para sostener financieramente su economía política, el gobierno se encomendó a la manufactura de bolívares para intentar amarrarse, sin éxito, a su nivel de consumo exterior. El resultado ha sido, lógicamente, la hiperinflación. Un golpe más al raquítico sector privado de cuyas cadenas tanto el gobierno como el pueblo venezolano habían intentado escapar.
Que Venezuela hubiera vinculado estructuralmente su estabilidad macroeconómica, presupuestaria y social a un bien extremadamente volátil y ajeno a su ecosistema industrial no es un errático fenómeno propio de latitudes macroeconómicas “bananeras”. La economía política detrás de la deflagración macroeconómica europea del año 2008 no es muy distinta a la función causal que llevó a Caracas a una vía atípica para saciar las aspiraciones sociales de su electorado. La periferia europea -de Grecia a Irlanda- optó por un modelo similar a partir del año 2000, y por las mismas razones.
La divergencia productiva entre el núcleo bávaro y el borde exterior occidental del viejo continente provocó que los países que tradicionalmente habían operado bajo un sistema de gestión de demanda –incapaces de crear un modelo de exportación solvente- utilizaran los –bajos- tipos del Banco Central Europeo para obtener su propio boom “petrolero”. España, por ejemplo, solventó su baja competitividad internacional en una unión monetaria en la que la devaluación competitiva resulta imposible por medio de la especulación inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria fue, en esencia, el motor acumulativo artificial por el cual el Reino de España financió el milagro económico –importador- Aznarista por encima de las posibilidades rentables de su capital doméstico. La misma opción macroeconómica por la que optó Chavez a partir del año 2004.
En ese sentido, la evolución post-crash española puede ofrecernos una valiosa perspectiva sobre el futuro macroeconómico-social de Venezuela. Por razones políticas obvias, a España se le negó el rescate general de su economía. Se le prohibió acceder al vector “petrolero” del BCE y ello impidió que Madrid pudiera afianzar tanto el horizonte salarial del año 2004, como también el nivel de servicios públicos existentes. En consecuencia, España entró de cabeza en el campo de una crisis fiscal y el país no tuvo más remedio que buscar una fuente de renta internacional en el exterior. Bruselas, en esencia, optó por imponer a sus súbditos la devaluación interna –social- masiva para generar el valor internacional suficiente para escapar del abismo contable provocado por la recesión.
Venezuela es soberana monetariamente, pero ello le sirve de poco. Su dependencia de las importaciones es enorme y su capacidad para respaldar su moneda –y su deuda- con crudo es hoy limitada. En consecuencia, salvo milagro petrolero, Caracas se va a ver forzada a emprender una reforma general de su economía política de una regresividad social sin precedentes. El gasto público se verá cercenado, todas la inclusividad socio-económica que trajo Chavez se revertirá, los salarios tendrán que colapsar y el capital -doméstico e internacional- obtendrá un volumen de prerrogativas sistémicas inmenso. El país no tendrá más remedio que ofrecer al mundo una propuesta de valor atractiva si quiere estimular su base productiva y estabilizar su estructura de pagos. Una deriva inmediata y sin anestesia hacia el paradigma mexicano.
Lo peor de esta trayectoria forzosa es que la vía funcional pro-capital no es una fórmula cuyo éxito acumulativo esté asegurado. La debilidad estructural-sistémica del gobierno y la potencia política del capital doméstico e internacional es perfectamente capaz de dar a luz a una “plantation economy” en la que la explotación gane en extensividad pero no en intensidad mecánica u homogeneidad distribucional. Venezuela no es China, no dispone de un gobierno capaz de dictar las condiciones a las grandes multinacionales en aras de acometer un proyecto desarrollista real. Si el gobierno cae, el método Bolsonaro será la opción de futuro más realista. Un golpe de timón cuyos efectos macroeconómicos potenciales -por la ausencia de mecanismos de coordinación acumulativa y distribucional- pueden ser, en términos de desarrollo socio-económico nacional, absolutamente nulos.
De esta manera, Venezuela se verá forzara a integrarse en los flujos productivos globales bajo las peores condiciones políticas posibles. Sin base productiva competitiva propia, con un gobierno en cualquier caso incapaz y con una geografía social a la no será fácil venderle que dicho ajuste es un imperativo natural. El raquítico e ineficiente capital venezolano obtendrá las riendas sistémicas y la facción bolivariana tendrá que ser testigo, impotente, de los efectos del secuestro de la producción y del poder sistémico masivo del control escalar transnacional corporativo.
Si el PSUV hubiera tenido el más mínimo interés en explorar estratégicamente el peligroso contexto en el que Venezuela ha operado estos últimos quince años, Caracas hubiera aprovechado el enorme impulso petrolero de 2004 para implementar la revolución que el país necesitaba. La revolución productiva interna. Una reforma nacional total y el emprendimiento de negociaciones distribucionales y de inversión con el capital doméstico e internacional desde una posición de fuerza. Construir un modelo mixto de inspiración asiática y explicar a su población el imperativo productivo nacional integrado internacionalmente como piedra fundamental de la independencia geopolítica y de la manufactura sostenible de bienestar. O al menos intentarlo.
El gobierno llamado a gobernar el cambio, por debilidad o por ambición, decidió obviar el eterno paradigma venezolano de “sembrar el petróleo” y optó por convertirse, a través de la renta petrolera, en el omnipotente mecanismo distribucional –ficticio- del país. Las políticas de Caracas han colocado a Venezuela en una posición acumulativamente insostenible y ahora el país tendrá que encarar la realidad sistémica capitalista más cruda. Habiendo desaprovechado su cénit político y acumulativo, Maduro –o quien le sustituya- se verá forzado a entender que, bajo la ley del valor, la gran mayoría de la población tendrá que malvivir lo suficiente como para que el pobre capital doméstico pueda reproducirse. Lo suficiente como para que el país pueda generar el valor internacional necesario para importar la tecnología y conocimiento que tanto le hace falta. Lo suficiente como para que el capital internacional pueda reconsiderar la inversión en su jurisdicción territorial.
El modelo bolivariano ha colapsado bajo la losa de la ineptitud y de la corrupción, ha sobreestimado sus fuerzas y errado en el diagnostico macroeconómico más sencillo. Venezuela no ha caído por el socialismo, Caracas ha visto el mundo arder por intentar acceder internacionalmente a una realidad distribucional muy por encima de su capacidad de generar y acumular el plusvalor. Una límite superior que, salvo para los EE.UU. y su privilegio exorbitante, resulta funcionalmente imposible de superar dentro nuestro modelo económico global. Venezuela, tras un velo revolucionario parcial, ha pretendido olvidar el marco imperativo del juego. Ahora lo pagará soportando el mayor castigo distribucional posible.
Si algo podemos aprender del caso venezolano es que, en un modelo mercado y bajo una alta interdependencia transnacional, la tercera vía está destinada a colapsar ante el imperativo de la competitividad internacional. Venezuela expone los límites funcionales de la MMT en los países en vias de desarrollo y ejemplifica la asfixiante incapacidad de la ley del valor de satisfacer las aspiraciones socio-materiales de la humanidad. Venezuela representa una sociedad encadenada funcional y políticamente a un paradigma bajo el cual el bienestar está supeditado a la rentabilidad. Una sociedad que, como muchas otras en vías de desarrollo, se ve estructuralmente forzada a experimentar una dolorosa trayectoria socio-productiva penitente que muchos consideran natural, pero que no lo es.
Venezuela y los países en estadios productivos similares no deben tener que encomendarse a la solución Bolsonaro para optar a un vector de desarrollo que es muy posible que nunca se materialice. No deben tener que rendir una humillante pleitesía distribucional al capital internacional que controla el acceso a los flujos materiales y de conocimiento para beneficiarse de la alta productividad. Estos paises deben poder incorporarse a la economía global bajo un marco dirigido en el que, por razones termodinámicas obvias, su retribución distribucional será muy superior a su potencial productivo doméstico. Un marco en el que su industria servirá a los intereses materiales de un mundo sin fronteras a la interdependencia, donde conceptos como el valor internacional y la competitividad habrán sido declarados obsoletos. En el que nuestras sociedades dejarán de ser prisioneras políticas y funcionales del destino reproductivo su capital doméstico y de la transnacionalidad corporativa. En el que la abolición de la ley del valor permitirá accionar el potencial productivo del mundo en paralelo al despegue indiscriminado e inmediato del bienestar socio-material de toda la humanidad.
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Una respuesta a «Venezuela ante la Economía Global: Posición Exterior, Rentabilidad y Desarrollo»
[…] Venezuela nos ofrece la perspectiva alternativa. Un supuesto en el que, existiendo los recursos materiales y humanos necesarios, la producción privada capitalista carezca de la tracción operativa necesaria para reducir el trabajo socialmente necesario y abaratar así el precio real de las cosas. Un caso en el que, incapaz de escapar del ciclo retroalimentado entre una demanda sin poder de compra y una producción sin rentabilidad, la esfera productiva del país resulte incapaz de generar la productividad suficiente para contrarrestar las presiones inflacionarias. Bajo este marco, frente una alta demanda social de bienes de consumo, Caracas no puede hacer nada. El gobierno no puede hacer uso de su poder de compra ilimitado para modular el precio de los bienes de consumo. El valor nominal del dinero chocará inevitablemente con el –alto- valor real de las cosas provocado por una economía totalmente ineficiente. El resultado será siempre la inflación. […]
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