En el siempre fascinante mundo rural de los Estados Unidos está teniendo lugar un fenómeno económico bastante particular. Desde hace algún tiempo, a la hora de renovar su flota de tractores, los granjeros del Midwest están optando por adquirir los modelos low-tech que debutaron en el mercado en los tiempos de Reagan. Los tractores de los años ochenta dominan las subastas locales y la realidad automatizada moderna parece no conseguir penetrar las estructuras productivas de los cowboys.
Tras este fenómeno, resulta posible que se encuentren infinidad de factores entre los que podemos incluir cuestiones identitario-culturales o la falta de adaptación operativa a la digitalización de la explotación agrícola. Sin embargo, si preguntamos a los granjeros, la gran mayoría de estos afirma contundentemente que dicha decisión guarda relación con la rentabilidad de su negocio. En particular, con la gestión del factor de coste a lo largo de la vida útil del vehículo.
En aras de descifrar esta problemática, debemos comprender cómo la tecnología ha cambiado la forma en la que se relaciona un agricultor con su propio tractor. Así, frente a sus predecesores “analógicos”, los modelos modernos incorporan infinidad de sistemas electrónicos cuyas nuevas funcionalidades están diseñadas para aumentar la productividad del granjero. En este plano, el creciente volumen de software consolidado dentro la mecánica de un tractor posibilita la programación de procesos autónomos guiados por satélite. La agricultura de precisión se encuentra mucho más cercana para el usuario modal y la mejor integración modular del vehículo ha abierto la puerta a un nivel de especialización (versátil) otrora reservado para el perfil latifundista.
Dentro estas nuevas funcionalidades, destaca también la monitorización en tiempo real de la “salud” mecánica del vehículo. Así, en la actualidad, los vehículos agrícolas poseen complejos sistemas de sensores mediante los cuales un agricultor es capaz de prever un fallo técnico incluso antes de que este se produzca. Si obviamos los fallos que tengan lugar por debajo del “radar” sensorial del vehículo, en el caso de experimentar lecturas (lo suficientemente) anómalas, un tractor moderno optará por su propia inmovilización. Contactará con el servidor de la compañía transmitiéndole su diagnóstico y esta será quien, en muchas ocasiones, se encargue de gestionar la reparación.
Sin bien en un primer momento esta operativa puede parecer increíblemente cómoda y futurista, la realidad a la que se enfrenta el granjero modal al encarar una avería dista mucho de ser un torrente de eficiencia gerencial. En realidad, al toparse con esta contingencia, el agricultor entenderá de forma inmediata que toda esta tecnología destinada a facilitarle el trabajo posee una cara oculta financieramente peligrosa. Una situación que puede tener un impacto desastroso en su negocio.
Así, con el tractor inmovilizado “por su propia seguridad”, a la cuenta de resultados del granjero solo le queda rezar para que el servicio técnico envíe un empleado (subcontratado) lo más rápido posible y para que este pueda completar la reparación in situ. Sin embargo, aun y cuando estos dos astros se alinean –lo cual no es frecuente-, la factura resultante puede dinamitar cualquier argumento financiero que justificase la compra del vehículo. Por una u otra razón, el coste de resucitar a un tractor high-tech se puede disparar.
El hecho de que la compra de un tractor moderno signifique la participación voluntaria en un juego de altos riesgos financieros tiene que ver con cómo la tecnología ha generado las condiciones bajo las cuales un granjero puede ser privado de parte importante del derecho a la posesión. Así, en un sector donde las reparaciones son algo recurrente, la incorporación de la electrónica al funcionamiento básico del vehículo ha permitido al fabricante imponer un vínculo de dependencia post-venta que abole deliberadamente el “Right to Repair”. Que, por medio de la exclusividad del software, elimina la posibilidad de que tanto el propietario como su tradicional mecánico local atajen por sí mismos un otrora simple problema mecánico.
En este sentido, los sistemas que integran la arquitectura neuronal de un tractor son equipos de software altamente particulares cuyo diseño se rige tanto por la funcionalidad como por la manufactura de exclusividad. La llave a una dependencia infranqueable que puede explotarse comercialmente al asegurar cautivamente un rédito económico futuro. A consecuencia de esto, como los mismos agricultores denuncian, incluso un simple problema mecánico de fácil solución puede condenar al usuario a una situación distribucional peligrosamente vulnerable. Algo no muy distinto a lo que experimenta un paciente dentro del draconiano sistema de salud Estadounidense.
De acuerdo con este diagnóstico, los agricultores del Midwest no sufren de un problema de “adaptación” a la nueva tecnología. Sufren, como ellos mismos enfáticamente claman, de un problema de acceso a la nueva tecnología. Así, si un agricultor no dispone de las herramientas necesarias para reparar su tractor –sin incurrir en un delito- y si su mecánico tradicional debe abonar cantidades astronómicas para obtener la licencia para poder intervenir, la resurrección de un tractor se ha convertido en un pozo financiero sin fondo. Un candado económico que garantiza al agricultor listas de espera interminables –pocos mecánicos se pueden permitir las licencias-, la posibilidad de que su tractor se auto-bloquee si interpreta un intento de manipulación no autorizado y facturas finales inasumibles para el pequeño productor. Situaciones definitivamente a evitar.
Debido a esta situación, son muchos quienes han optado por enfrentarse a los fabricantes a cuenta del derecho a reparar. Por mucho que la oferta se defienda argumentando que su fin es garantizar la seguridad del usuario, el colectivo agrícola se rebelado ante a un modelo que les priva de ser propietarios de su propio equipamiento. Que les obliga a cubrir el costoso mantenimiento de un alquiler impuesto y que no tiene en cuenta sus necesidades operativas de trabajo. Consecuentemente, desde una perspectiva de negocio, el valor comercial secundario de la maquinaria agrícola de baja tecnología se ha disparado. En la dimensión analógica vintage, los repuestos son accesibles, el derecho a la posesión es total y todo mecánico local puede ofrecer soluciones a un precio razonable. En el Midwest, gracias a las consecuencias distribucionales del pulso por la desposesión, los tractores obsoletos tienen, una vez más, todo el sentido económico del mundo.
Si bien esta kafkiana resolución del caso puede parecer una derivada accidental más del poder de mercado, el ejemplo de los tractores nos ofrece una perspectiva socio-económica que pronto puede ostentar una gran relevancia. En este sentido, la problemática del tractor moderno nos expone nítidamente cómo, bajo nuestro sistema actual, la geografía técnica moderna de la productividad guarda una intensa relación con la extractividad económica derivada de una creciente desposesión. Cómo, por medio de la penetración funcional de los sistemas electrónico-digitales, la oferta puede adquirir y explotar un poder de negociación distribucionalmente letal.
De la misma forma que la tecnología contemporánea ha permitido al sector de los videojuegos imponer una oferta terciarizada (gaming-as-a-service) altamente extractiva, la aportación de la digitalización a la utilidad tradicional industrial también apunta hacia escenarios de riesgo para la propiedad clásica “fordista”. En este sentido, en la medida en la que la complejidad y la eficiencia de los sistemas que nos proporcionan utilidad crece, el vínculo entre un bien y su productor se vuelve, necesariamente, también más intenso. La conectividad inmediata, la integración entre distintos sistemas y las actualizaciones periódicas de software constituyen hoy importantes fuentes de eficiencia y de utilidad. Características que nos permiten cubrir necesidades de una forma más satisfactoria, pero que también nos vinculan cada vez más a la voluntad y al poder negociador del productor. A la terciarización de la propiedad y la vulnerabilidad distribucional.
Auspiciado por la inevitable expansividad operativa del software y de la electrónica a través de todos los sectores, este desarrollo tiene el potencial de alterar la forma en la que nos relacionarnos con la oferta. Junto con la centralidad de la ciberseguridad y a medida que la cuestión medioambiental nos obliga a considerar un ecosistema de consumo racionalizado de alquiler, la coordinación ofrecida por el plano digital contribuirá a crear una economía gobernada por el concepto del “life-as-a-service”. Una sociedad dominada por el usufructo en la que la integración entre sistemas contribuirá a satisfacer –sosteniblemente- nuestras cada vez más ambiciosas expectativas sobre el acceso a la utilidad.
Ante este futuro, nuestras opciones no pueden ser más dispares. Por un lado, podemos permitir que este gradual enclosure tecnológico infle la tensión distribucional entre la oferta y la demanda. Resignarnos a que la tercerización económica produza los resultados descritos en los campos de cultivo del Midwest y asumir como natural un coste sustancial en el plano de la productividad. Enfrentarnos, en otras palabras, a una potencial ola de desposesión equivalente a la rendición reciente de nuestra privacidad pero con consecuencias desarrollistas marcadas.
Alternativamente, si decidimos evitar este escenario, debemos optar por abolir la estructura de propiedad que separa gerencialmente a la producción de la esfera del consumo. Fusionar políticamente la oferta y la demanda y abrazar las ventajas de una estructura económica tecnológicamente coordinada evitando los riesgos distribucionales que hemos descritos. Esencialmente, entender el acceso a la utilidad como un usufructo gratuito prestado conjuntamente por toda la sociedad.
Sea cual sea nuestro futuro, si hay algo de lo que podemos estar seguros es que, en último término, el precio –coste- de operar una oferta tecnológicamente híper-compleja lo habremos determinado nosotros.
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