La Casa de Papel: El Cartalismo, El Dinero y La Función de Producción

La Teoría Monetaria Moderna ha irrumpido en el teatro macroeconómico mainstream con la promesa de liberar a la sociedad de la anemia inversora capitalista, de abolir la camisa de fuerza fiscal neoliberal y de desempolvar la agencialidad sistémica del Estado. El instrumento teórico que hará posible financiar la reconversión energética, salvar al precariado de la penitencia ortodoxa y conseguir todo ello sin necesidad de ofender fiscalmente a la plutocracia propietaria. La potencia política de las “finanzas funcionales”.

Tras esta –impresionante- carta de presentación se esconde el análisis circulatorio del dinero dentro de la macroestructura monetaria del capitalismo moderno. El estudio de la función de producción privada y pública de la moneda dentro de los límites funcionales de la arquitectura acumulativa contemporánea. En consecuencia, ante todo, la Teoría Monetaria Modera parte de una descripción operativa de la realidad bancaria existente. De la endogeneidad por la cual la demanda –rentable- de crédito genera su propia oferta dentro de los entramados contables de la estructura de negocio de la banca comercial.

En este sentido, la Teoría Monetaria Moderna nos describe los límites sistémicos de un esquema de gestión del crédito que sufre de una prociclicidad socio-económicamente suicida. Nos introduce a una concepción plástica y pública del dinero bajo la cual la contramedida keynesiana última – la socialización in extremis de la inversión como palanca temporal del impulso acumulativo- deviene fiscalmente posible y políticamente real. Esencialmente, la MMT nos explica que la única variable legitimada para reprimir la  iniciativa económica pública es la inflación. El marco que hizo posible que, tras el colapso financiero general de 2008, los balances de la banca central pudieran expandirse más allá de lo que hasta entonces se consideraba macroeconómicamente posible.

En base a este paradigma interpretativo –descriptivo- de la realidad mecánica financiera, la Teoría Monetaria Moderna no solo aspira a generar contramedidas eficientes frente a futuros shocks macroeconómicos, pretende también transformar la manera en la que el ámbito político se relaciona con la geografía acumulativa. De esta forma, el paradigma de la MMT ofrece al sector público la base mecánica necesaria para legitimar la re-activación de su agencialidad como motor económico. La posibilidad de garantizar el pleno empleo y la capacidad de fortificar financieramente los servicios públicos. Ofrece, en cierta medida, el renacer de una subjetividad política ajena y contraria al monopolio narrativo contemporáneo del totalitarismo invertido del polo neoliberal.

Sin embargo, el salto que la MMT emprende del análisis de la manufactura moderna del impulso monetario a la formulación teórica de un paradigma económico revolucionario presenta una serie de limitaciones causales y funcionales importantes. Una interpretación de la historia macroeconómica, del Estado y del poder tractor del dinero que tiende a olvidar las realidades más fundamentales de nuestro sistema económico. Que obvia deliberadamente cómo el grado de desarrollo de una economía, su posición dentro de la jerarquía monetaria internacional y la lógica operativa del sistema de mercado condicionan de manera determinante el impulso progresista potencial de toda iniciativa de base público-monetaria.

La Teoría Monetaria Moderna parte de la concepción Cartalista del desarrollo, una visión macroeconómica en la que la figura del Estado se concibe como el inductor causal primario de la actividad económica y de sus resultados distribucionales. En la que el sistema de mercado y su geografía productiva privada constituyen un diverso jardín que puede gestionarse y dirigir públicamente hacia la prosperidad. En esencia, el ecosistema interpretativo y causal del Cartalismo identifica la explotación funcional de la soberanía monetaria como la potestad macroeconómica más determinante. Una concepción hidrodinámica del ciclo acumulativo por la cual la agencialidad pública gobierna el principio y el fin del movimiento económico en aplicación de las cualidades tractoras de la función fiscal.

Para el prisma histórico Cartalista, el dinero es una creación legal estatal que induce impulso comercial-productivo por medio de la figura de la obligación tributaria. Por medio de la imposición de una obligación unilateral a satisfacer en la forma dictaminada por el poder público: la moneda de curso legal. En consecuencia, para la ontología causal de la MMT, la actividad económica es el nexo transitorio que conecta la proyección estatal del instrumento monetario con su posterior eliminación fiscal.  Un ciclo que el Estado puede modular a voluntad gracias al monopolio soberano sobre a) la determinación de la moneda tributaria y b) la determinación de la presión tributaria.

De esta manera, la doctrina Cartalista concibe el tracto acumulativo como una dinámica plástica en la cual, dentro del sistema monetario de producción, el Estado puede intervenir desplegando un poder de compra –en su propia moneda- ilimitado. Un ecosistema hidráulico en el que el poder público ostenta, en último término, la capacidad definitiva para regular el valor del dinero. Quien posee la potestad para determinar la presión dentro del circuito económico y modular así su dinamismo y su direccionalidad circulatoria.

Lamentablemente, por muy mecánicamente estilizada que resulte esta noción del desarrollo económico, la ontología macroeconómica histórica y contemporánea del Cartalismo es más una proyección aspiracional potencial que una crónica real. Una crítica que no necesariamente elude a la lógica causal detrás de su concepción monetaria del dinamismo económico, sino que centra su ofensiva ontológica en exponer que las bases políticas y funcionales que presuponen las tesis Cartalistas no han existido nunca en nuestra arquitectura social.

La problemática con la ontología de la MMT parte la conceptualización histórica de los inicios funcionales de la economía de mercado. Una categorización fantástica que lastra hasta la actualidad interpretaciones erróneas sobre la realidad tributaria, la endogeneidad del dinero y el valor monetario. Errores que afectan en cadena a toda la sistemática teórica de la MMT y que anulan secuencialmente gran parte su potencial funcional como fix sistémico.

El pecado original del cual se deriva primordialmente la inaplicabilidad histórica general de la perspectiva Cartalista es muy simple: ninguna entidad política –de la antigüedad o actual- posee la capacidad de Estado y la legitimación políticamente suficiente como para hacer valer su prerrogativa extractiva a la escala y con el nivel de penetración distribucional que le presupone esta teoría. Ningún Estado en la historia ha sido capaz -ni ha pretendido nunca- implementar un sistema mercantil por medio de la imposición unilateral de una obligación tributaria general a su población.

Los motivos detrás de esta imposibilidad funcional y política son múltiples. El Cartalismo exige una capacidad fiscal semi-perfecta capaz de gravar pacíficamente a sujetos tributarios por hechos imponibles derivados de su misma existencia. Hacer tributar por hechos independientes del consumo o del acto de producir y conseguirlo con una eficiencia difícilmente concebible con anterioridad a la llegada de las tecnologías de la información. Su perspectiva histórica asume una población que se debe vital y laboralmente a un poder político omnipotente. Un poder político que es capaz de moldear a voluntad la geografía acumulativa sin fricción funcional ni política alguna. Esto no solo es socialmente imposible, es también causalmente kafkiano desde la perspectiva histórica de la formación gradual de la capacidad de Estado.

El Cartalismo interpreta que la capacidad de Estado para con la geografía económica surge de una fuerza sobrenatural que instantánea y pacíficamente transforma a los “usuarios” de moneda y orden público estatal en peones útiles de la agencialidad pública. En otras palabras, esta ontología se niega a aceptar que la capacidad de Estado solo puede emerger del gravamen extractivo repetido de una actividad económica exógena a la agencialidad pública cuya existencia precede causalmente a la imposición de la obligación fiscal. Una obligación que hasta hace relativamente poco se satisfacía, consecuentemente, en especie y mediante una cuota sobre lo producido. Nunca en la –sofisticada- forma de un pago tributario en la moneda de curso legal.

La importancia de la inversión de la lógica temporal de estos dos sucesos económicos resulta crítica y determinante para entender las perversiones lógicas que emplea el Cartalismo para fundamentar su forma ontológica contemporánea. En primer lugar, de optar por el ejercicio de su capacidad coercitiva con fines acumulativos directos, los Estados de la Antigüedad formalizaban la práctica de la esclavitud, no invertía sus –muy- limitados recursos en formalizar un complejo cuerpo de técnicos de hacienda. Especialmente cuando este dilema tenía lugar en un momento en el que ni existía presión hidráulica sistémica que gestionar, ni se contaba con la administración macroeconómica centralizada necesaria para implementarla.

En segundo lugar, la gestión de la presión fiscal no solo se corresponde con un momento de desarrollo muy posterior en la historia económica, sino que su uso macroeconómico devino posible gracias a una capacidad estatal que solo pudo articularse mediante la explotación de una lógica tributaria inversa a la que predica el Cartalismo. El desarrollo económico no se derivó de la imposición de una obligación tributaria general a la población. El impulso económico moderno emergió de una trayectoria retroalimentada entre la capacidad estatal y la facilitación pública de la actividad mercantil. Un mecanismo en el que la realidad fiscal no constituye el elemento tractor de la actividad económica y en el que la exacción tributaria se activa como consecuencia de un hecho imponible económico previo. El Estado impulsó y consolidó en interés propio el desarrollo del mercado, pero no lo indujo mecánicamente por medio de la presión fiscal, eso es históricamente falso y lógicamente incongruente.

A la –certificada- inoperatividad de la lógica fiscal como vector tractor del movimiento acumulativo y a la primacía causal de la actividad económica privada en relación al desarrollo de las capacidades del Estado se le une, lógicamente, la endogeneidad mercantil del dinero. El hecho de que, contrariamente a lo que la lógica Cartalista afirma sobre la naturaleza funcional del plano monetario, la introducción del dinero en el tracto comercial fuera un acontecimiento privado y -además- transaccional. Un evento íntimamente ligado al tracto mercantil convencional, no a la voluntad agencial ni a los mecanismos institucionales –tributarios- del Estado.

Con anterioridad a la incipiente monetización de las polis griegas de Jonia y Lidia en el siglo VII a. C., los Imperios de la Antigüedad no operaban sobre geografías económicas interconectadas mediante moneda circulante. El oro y la plata poseían funcionalidad práctica únicamente en el campo de las relaciones comerciales internacionales, un rol económico comparable al de la banca central moderna y la base práctica que posteriormente serviría para la acuñación de las monedas nacionales. La introducción de la moneda mercantil despegó de la mano de la fenomenología comercial privada como un método embrionario de gestión transaccional local. Un desarrollo completamente alejado de la exacción tributaria estatal que, en sus –largos- inicios, experimentó una tensión relacional constante con el valor comercial del metal sobre el que este se instituía. Con el valor comercial primitivo de la moneda como un bien corriente más.

La moneda privada de ámbito local íntimamente ligada a su valor comercial previo a la acuñación tardó siglos en adquirir la naturaleza, la centralidad y el alcance macroeconómico contemporáneo. Únicamente tras siglos de gradual estatalización –como garantía de fluidez del tracto mercantil- pudo alcanzarse el grado de institucionalización necesario para generar el simbolismo operativo que caracteriza al instrumento monetario de hoy en día. El grado de abstracción que hizo posible desvincular a la moneda de su respaldo precioso e implementar la moneda fiduciaria (FIAT) que todos conocemos actualmente. La base de una orografía monetaria marcada por la garantía -fiduciaria- de pago estatal que transformó la esfera de la unidad transaccional en un espacio virtualmente separable de su cuna comercial privada original.

La MMT interpretó este desarrollo como una etapa en la que la esfera macroeconómica destapaba al fin la realidad Cartalista subyacente a la fenomenología monetaria del dinero soberano. Una era en la que la moneda se liberaba de sus ataduras materiales y adoptaba la forma legal, pública e ilimitada que le correspondía en virtud de su naturaleza como extensión económica de la voluntad de los poderes públicos. La hora política del Cartalismo.

Por su naturaleza, el contexto funcional del dinero fiduciario constituye el teatro de operaciones en el que la MMT aspira a que el Estado comprenda la magnitud de su potencial agencial macroeconómico dentro del sistema capitalista. El despertar teórico de una era en la que el polo público haga uso de su potestad para determinar el precio más importante de toda la economía –el valor del dinero- para resolver las cuestiones sociales y acumulativas más acuciantes. El abandono de cualquier tipo de timidez gubernativa sobre la proyección funcional de la moneda dentro de los límites macroeconómicos de la estabilidad de precios.

Desafortunadamente para los defensores de la potencialidad disruptiva de la Teoría Monetaria Moderna, la consolidación de la moneda como un bien marcadamente público y abstracto no alteró la naturaleza del instrumento monetario ni eliminó su vínculo fundacional con el tracto acumulativo real. El paradigma teórico que la doctrina Cartalista derivó del análisis de la endogeneidad del dinero fiduciario moderno no constituye una verdad económica bajo nuestro marco socio-económico actual. Constituye un atractivo espejismo que promete resultados macroeconómicos imposibles. Posiciones interpretativas condenadas a estrellarse contra una realidad productiva que, siendo ajena al marco causal Cartalista, resulta totalmente inmune a las iniciativas circulatorias más superficiales.

La verdad histórica por la cual que el comercio privado hizo y dio valor a la moneda – y no el instrumento tributario- constituye un condicionante lógico del que ninguna perspectiva monetaria acomodada dentro de un sistema de mercado de producción privada puede escapar. Un marco físico-funcional que imposibilita que a) el Estado pueda controlar el valor del dinero, b) que el gasto público constituya una variable independiente de la acción tributaria y c) que la MMT ofrezca soluciones prácticas a largo plazo a países ajenos a la privilegiada posición monetaria y macroeconómica estadounidense.

Bajo la plástica realidad fiduciaria contemporánea, el Cartalismo afirma que, al controlar la oferta y la demanda de dinero, el Estado gobierna el precio de la moneda y que ello le permite determinar su valor dentro de la hidráulica circulatoria de la economía. Esta afirmación no solo choca con el compromiso de la MMT de supeditar su mandato a la estabilidad de precios, entra en conflicto también con el argumento de venta principal del potencial disruptivo del Cartalismo: la consolidación de una arquitectura macroeconómica en la que el único límite a lo materialmente posible lo delimite la dimensión físico-natural.

Podemos definir la base real de la inflación como el esfuerzo necesario para que un bien o un servicio se encuentre espacial y temporalmente disponible para satisfacer un vector de demanda particular. Evidentemente, todos los bienes y servicios posibles parten de un ecosistema natural en el que materia y trabajo deben combinarse para producir un determinado bien o servicio humanamente útil. En consecuencia, existe un “precio” natural que tiene en cuenta tanto la cantidad de materia disponible, como también nuestra capacidad humana de transformarla por medio del trabajo –la productividad-. Un precio que se encuentra presente bajo toda circunstancia y bajo cualquier modo de producción.

Al afirmar que el Estado es capaz de controlar el valor del dinero, la MMT está argumentando que, dadas unas condiciones materiales determinadas, el Estado puede modular la proyección del trabajo y su productividad dentro del ecosistema económico. Una idea absurda en un sistema de mercado donde la producción y las dinámicas de inversión son, por definición, privadas y completamente ajenas a la voluntad o a la capacidad de los poderes públicos. De esta manera, la MMT no solo se encuentra limitada por el precio natural de las cosas, su potencial está supeditado también a la ley del valor. A que exista el margen de rentabilidad de negocio suficiente para acceder al plateau de productividad que financie una densidad material mayor sin coste inflacionario alguno. Un escenario relativamente improbable si atendemos al grado de sobreacumulación que experimenta el sistema actualmente.

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Bajo el sistema capitalista de mercado y competición agencial, el precio “real” de un bien se determina en el sector privado por medio de la realidad competitiva y en base a las distintas estructuras de coste existentes. Esta es la base causal de la productividad media de la economía. La variable que fija la densidad material útil potencial accesible por cada unidad monetaria nominal. El fenómeno que, en definitiva, establece el valor real de una moneda. Lógicamente, este es un espacio en el que el Estado no dispone de ningún poder de acción. El Estado solo posee el monopolio sobre la realidad monetaria nominal, sobre el número que aparece impreso en sus propias unidades de representación de valor. Algo muy distinto a lo que predica el Cartalismo.

En este sentido, la promesa de la MMT de articular un Estado capaz de gobernar el valor de su propia moneda no puede superar el más mínimo control causal. El reino de Bután puede querer especializarse en la exportación de aceite de oliva y emplear su soberanía monetaria para importar o fabricar domésticamente todo lo necesario para plantar olivares en la cordillera del Himalaya. Como localmente no dispone de las bases materiales ni técnicas para cumplir su sueño, el gobierno tendrá que dirigirse al exterior para importar las condiciones productivas que lo harían posible. Si este puede hacer que países terceros acepten inicialmente su moneda como medio de pago –que no lo conseguirá-, entonces Bután partirá de un precio del aceite “real” inicial –de coste de producción- astronómico. Un precio que no será competitivo internacionalmente y que pronto provocará que los Estados terceros de los que dependen sus importaciones renieguen de su medio de pago. La ilimitada capacidad del Estado butanés de producir su propia moneda para financiar su poder de compra no habrá servido para nada.

Venezuela nos ofrece la perspectiva alternativa. Un supuesto en el que, existiendo los recursos materiales y humanos necesarios, la producción privada capitalista carezca de la tracción operativa necesaria para reducir el trabajo socialmente necesario y abaratar así el precio real de las cosas. Un caso en el que, incapaz de escapar del ciclo retroalimentado entre una demanda sin poder de compra y una producción sin rentabilidad, la esfera productiva del país resulte incapaz de generar la productividad suficiente para contrarrestar las presiones inflacionarias. Bajo este marco, frente una alta demanda social de bienes de consumo, Caracas no puede hacer nada. El gobierno no puede hacer uso de su poder de compra ilimitado para modular el precio de los bienes de consumo. El valor nominal del dinero chocará inevitablemente con el –alto- valor real de las cosas provocado por una economía totalmente ineficiente. El resultado será siempre la inflación.

En relación a la fenomenología del precio, la MMT afirma también que el gasto público no depende del tracto tributario de los ingresos fiscales del Estado. Bajo el prisma Cartalista, los ingresos fiscales del Estado cumplen la función de generar la demanda de dinero necesaria para que la proyección monetaria soberana tenga el efecto macroeconómico deseado. No son causalmente previos al gasto público ni poseen una relación de dependencia con él.  Por razones materiales obvias, esta es una noción tan falsa dentro de la realidad fiduciaria como lo era previamente bajo un modelo monetario de base preciosa. El Estado no puede crear riqueza a golpe de decreto monetario, no puede expandir su poder de compra y computarlo como un activo económico sin ningún avance productivo que lo justifique en términos de valor. Por ello, la producción real debe preceder necesariamente tanto al impuesto como al gasto público. Afirmar lo contrario significa dar validez a una relación macroeconómica imposible.

La producción es el vector responsable de generar la riqueza material que permite al Estado volcar su poder de compra sistémico sin incurrir en un episodio inflacionario. Sin producir una alteración en el ecosistema de precios que señale que el crédito productivo del valor de una moneda se ha agotado. En consecuencia, cuanto mayor es una economía, mayor es el volumen de gasto público que el sistema puede absorber sin que la moneda soberana pierda valor. Aquí la MMT obvia deliberadamente que, de no existir producción, el aparato circulatorio ni posee capacidad tractora –valor- ni dispone de hechos imponibles que gravar.

De igual manera, contrariamente a lo que el Cartalismo supone, el sector privado no produce para pagar impuestos, la realidad impositiva es un vector económicamente accesorio. El ecosistema privado produce para acumular el redito productivo del factor trabajo y para acceder monetariamente a los medios para vivir. El motivo fiscal de la producción no existe y sin producción el vector fiscal –y el gasto público- tampoco. Si la economía productiva colapsara como consecuencia de una crisis acumulativa, no existe ni el contrato social ni las fuerzas coercitivas suficientes para hacer que el capital y el trabajo disponible cumplan con sus obligaciones tributarias de carácter existencial. Sobre el papel la inferencia productiva del instrumento fiscal genera un modelo causal estilizado, sobre la realidad social definitivamente no.

La MMT emplea en este campo una noción exógena del dinero por la cual rechaza que la causalidad del movimiento económico tenga su centro de gravedad fuera de los circuitos monetarios y políticos del Estado. Para el Cartalismo, el valor puede incrementarse a voluntad y de manera inmediata controlando la presión circulatoria del dinero. Para el Keynesianismo o el Marxismo, el dinero –en valor- se produce dentro de los centros de producción. Se genera dentro del tracto acumulativo -en la esfera de la producción y por medio del trabajo- al manufacturar un output de un valor monetario superior al del input original. El dinero, en ese sentido, se manufactura de igual manera que cualquier otro bien disponible en el mercado. Un bien que posee una relación directa y abstracta con la densidad material comercial general. Bajo el prisma Keynesiano y Marxista, el brazo tributario estatal actúa sobre este incremento de valor, sobre su verdadera base imponible. La base extractiva –de valor- que luego se proyecta económicamente por medio del gasto público.

Si la cuna privada y productiva del valor de la moneda determina que la causalidad Cartalista es errónea e impone fuertes condicionantes a la potencialidad macroeconómica del Estado, entonces las medidas macroeconómicas por las que aboga la MMT tienen, necesariamente, un recorrido social limitado. Más allá del gasto público convencional, dado que la realidad monetaria fiduciaria actual nunca podrá abstraerse de la supremacía productiva privada, la fórmula del empleo garantizado no ofrece soluciones más allá del sostenimiento de un nivel de subsistencia perpetuo. La MMT no aboga por un Estado que opere como “empleador de última instancia” por casualidad, lo hace porque su marco socio-económico no puede interferir –competir- con el mercado laboral privado sin que ello afecte a la rentabilidad del capital y ello, a su vez, al impulso general de toda la economía.

El empleo garantizado constituye así un programa políticamente paradójico. Por un lado, debe respetar la necesidad sistémica a operar al nivel del salario mínimo en aras de no subvertir el equilibrio acumulativo capitalista. Por otro, el programa emerge de la crítica Cartalista al pobre papel macroeconómico del Estado moderno en la actualidad. La idea de que las paupérrimas condiciones del mercado laboral moderno las provoca un sector público que infrautiliza su capacidad monetaria. El empleo garantizado carga –con razón- contra el paradigma NAIRU, pero olvida que la funcionalidad principal de este no es la estabilidad de precios, sino el control distribucional del trabajo por medio del desempleo. El mismo equilibrio distribucional que la MMT debe respetar si quiere que su iniciativa no interfiera con el desarrollo normal del mercado laboral.

En consecuencia, en el contexto de una estructura económica que cada vez más capitalizada y asimétrica, el empleo garantizado está condenado a consolidar la creciente divergencia distribucional entre los salarios reales y el PIB per cápita. Un Elysium laboral en el que, en pleno siglo XXI, el Estado no pueda ofrecer mejores condiciones laborales que las que ofrece Amazon en sus centrales de distribución.

De manera agregada, la MMT se encuentra funcional y distributivamente secuestrada por el sector privado. Sin entrar a valorar la vertiente de la “socializador de la inversión”, la cual -por razones políticas obvias- no ha sido debidamente concretada, el potencial del Cartalismo como fuerza transformadora de nuestra sociedad es –muy- limitado. El sector capitalista controla la tecnología, las condiciones laborales, la intensidad mecanizada y la inversión productiva. Controla las bases materiales que determinan la productividad media de la economía y por ende el gasto público potencial y el valor real de la moneda nacional. Esta es una realidad que, irónicamente, la MMT no propone cambiar. Al parecer, crear las condiciones institucionales para que el paradigma Cartalista –al que defiende como óptimo- adquiera una mayor funcionalidad no está dentro de sus planes.

Si bien la MMT se deriva de un marco teórico-causal completamente ajeno a la realidad macroeconómica de una economía de mercado, su capacidad para contribuir a la abolición ontológica del conservadurismo fiscal puede resultar útil en un contexto en el que el margen de maniobra de la iniciativa pública se encuentra fuertemente reprimido. La MMT puede ayudar al desarrollo de una visión inflación-céntrica de la política macroeconómica que contenga la espiral depresiva contemporánea y permita explorar vías de impulso acumulativo alternativas a la ley del valor. Un esquema en el que la ciudadanía se adapte interpretativamente a la idea del gobierno político de la economía – por mucho que bajo el marco de la MMT esto constituya únicamente una ilusión-.

Sin embargo, el impulso macroeconómico derivado de un déficit fiscal potencialmente infinito no se reflejará en niveles producción paralelamente ascendentes. La trayectoria expansiva pronto chocará con la barrera de la rentabilidad privada en la producción y la variable inflacionaria no tardará en intervenir. Entonces el retorno a la austeridad será inevitable, particularmente para aquellas economías modestas cuya moneda no ostente privilegios sistémicos exorbitantes.

Este hecho, en combinación con el imperativo termodinámico-climático, presenta un problema final que la MMT no está en condiciones de resolver. Debido a que la estructura funcional Cartalista entiende la fenomenología y la problemática macroeconómica actual como un puzle de suma-positiva distribucional, la MMT es particularmente ineficiente en el campo de la redistribución. Esencialmente, la arquitectura ideológica de la MMT defiende que para que nuestras sociedades mejoren simplemente debemos producir más. Por ello, si la rentabilidad o la sostenibilidad natural truncan este sueño, toda la arquitectura política del Cartalismo se viene abajo.

Bajo la MMT no hay pastel que repartir. El nulo interés de esta corriente en alterar la estructura propietaria o en emprender las acciones confiscatorias que nuestra economía política necesita nos condenaría a una falsa dicotomía social. Un dilema entre la regresividad macroeconómica menos contaminante y la opción inflacionaria del pleno empleo y una producción expandida a costa de una huella medioambiental salvaje. La Renta Básica Universal, en este sentido, resulta mucho más progresista en ambos sentidos.

De esta manera, la Teoría Monetaria Moderna puede definirse como un experimento macroeconómico lleno de contrastes interpretativos y contradicciones teleológicas. Mientras que gran parte del planeta carece de las bases productivas y geopolíticas para emprender los agresivos programas monetarios del Cartalismo, los Estados Unidos serían capaces de forzar al resto del planeta a que le financien gratuitamente su potencial New Deal. Mientras que la asimetría distribucional de nuestra geografía socio-económica es uno de los vectores más desestabilizadores del orden liberal, la MMT promete a la élite dirigente la inmunidad tributaria perpetua. Mientras que la robotización del tejido productivo tendría que habilitar una expansión exponencial del ocio, la MMT condena al trabajo más desfavorecido a una subsistencia laboral permanente. Mientras que la política fiscal más expansiva es y será siempre una producción vinculada al valor de uso, la MMT se encomienda sin objeción alguna a los límites funcionales de la rentabilidad. Mientras que la MMT defiende la agencialidad económica ilimitada del Estado bajo el paradigma Cartalista, su brazo político se opone a toda medida que convierta este deseo en una realidad.

En definitiva, si ya resulta increíblemente difícil comenzar a entender qué es lo que realmente quieren quienes abogan por la iniciativa público-monetaria de salvación, explicar por qué se incurre en contradicciones de este calibre resulta mucho más complejo todavía. Salvo que interpretemos este kafkiano conglomerado causal como un deliberado intento de no cambiar nada, entrar a valorar críticamente las bases y la funcionalidad de esta doctrina simplemente carece de sentido.

 

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