¿Por qué existen los Ricos?

Si pudiéramos teletransportarnos a un escenario equiparable al que los filósofos denominan como “el estado de naturaleza”, pronto descubriríamos que las bases de la realidad socio-política que hoy articulan nuestra geografía interpretativa constituyen una ontología tan paradójica como falsa. En una hipotética realidad salvaje, el orden social termina allí donde se acaba el rango efectivo de nuestra lanza. Allí donde se agota nuestra capacidad cinética. En este contexto, no existe la proyección no violenta, el radio de dominio material equivale a lo puesto y las relaciones de dominio inter-personales resultan imposibles de consolidar en el tiempo. De hecho, si el centro de gravedad y la escala de la proyección de poder confluyen en la figura del individuo, no podemos hablar siquiera de que exista un orden social.

A medida que la escala de ese poder violento crece, el manto de un orden social deviene cada vez más real. Para posibilitar esta transición,  el centro de gravedad del poder –cinético- habrá tenido que abandonar la plataforma individual para constituirse como una estructura coercitiva cada vez más organizada. La base funcional de la polity primitiva. Dicho poder adquirirá gradualmente mayor densidad espacial y personal, lo que consolidará marcos institucionalizados que crearán costumbre y cultura. El punto crítico en el cual la reproducción subjetiva de dicha estructura dejará de depender exclusivamente de la aplicación reiterada de una fuerza violenta para convertirse en una fuerza autopropulsada. El interés político que en un principio dio vida a una simple proyección cinética adquirirá aquí la naturaleza de norma.

La expansión escalar de la fuerza y su burocratización y especialización funcional habrán creado un marco por el cual una determinada voluntad política podrá proyectarse mucho más allá de los límites cinéticos de un cuerpo humano. Un orden social cada vez más consolidado en el que la centralización gradual de la proyección del poder en un mismo vector totalitario creará una estructura político-administrativa cada vez más compleja. En este contexto, la existencia de una red de intermediarios culturales y coercitivos hará posible que nociones centrales a la organización socio-económica tengan al fin viabilidad práctica. Se abrirá la puerta a la formalización y materialización de la propiedad tanto sobre las cosas como también sobre las personas y su trabajo.

El instrumento de manufactura de orden social por antonomasia es el Estado. El Estado moderno no solo constituye una estructura lo suficientemente avanzada y funcionalmente capaz como para haber monopolizado la vertiente cinética de la proyección de poder, es también el mecanismo de publicidad normativa más eficiente que el ser humano ha creado jamás. Combinando ambas facetas, el Estado moderno es el diseño organizacional que mejor y más rápido transforma interés político en statu quo y movimiento social. Una virtud cuya potencialidad es el elemento central de todo episodio de desarrollo productivo-material acontecido en nuestra historia.

La capacidad del Estado de posicionarse como nexo de unión entre una determinada expresión de poder  y la realidad del trabajo –ajeno- es la variable que articula y hace posible toda sociedad de clases. Sociedades cuya naturaleza extractiva en un contexto geopolítico fraccionado ha constituido el tradicional y principal motor de desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo. El Estado comandó la gestión de la producción esclava, creó el mercado e hizo posible la consolidación social y espacial de la relación de producción capitalista a lo largo y ancho del planeta. El Estado es y ha sido siempre el multiplicador de fuerza centralizado que ha transformado interés político particular en orden social ad-extra. Quien, mediante ello, ha creado civilización.

Derivado de esta idea, una de las verdades antropológicas más incontestables es que la civilización tiene un vínculo indisoluble con la desigualdad. Toda estructura cinético-violenta y/o cultural que manufacture un orden social humano nace con un propósito funcional y emana de una subjetividad muy particular. Ningún orden es políticamente neutro y por ende ninguna estructura distribucional refleja un ideal de justicia ajeno a un interés político separable y definido. La riqueza se genera con un propósito determinado y se distribuye de acuerdo a una colección de criterios dictaminados por las mismas subjetividades que definen el orden social en el que estos operan. Nada escapa de la naturaleza política del Estado.

A pesar de que esto constituye un hecho bien conocido, nuestra realidad socio-política contemporánea ha desechado completamente el ecosistema lógico antropológico y se ha encomendado a la más absurda de las narrativas. La ciencia económica opera bajo la premisa de que existe un orden escalar y social inmutable regido por unas leyes universales emanadas de una entidad ajena a la dimensionalidad del poder. Unas leyes a las que el Estado se debe acomodar. La sociedad cree que la riqueza brota de aquel que controla la función de producción y no de quienes la operan y le otorgan movimiento y ambas están de acuerdo en que el Estado entorpece la manufactura de bienestar.  Hemos creado un marco ontológico kafkiano en el que la función pública reguladora del orden social ocupa una posición antagónica con respecto a una fauna empresaria que lucha por “salir adelante, crear riqueza y evitar que el Estado nos imponga tiránicamente un orden social”. En el que la élite propietaria aparece como la aliada natural de una clase trabajadora que se ve amenazada por una cruzada “colectivista” destinada a estrangular distribucionalmente a sus súbditos. Un marco en el que la capacidad y el éxito extractivo equivalen a legitimidad para dictar la moral social.

En ese sentido, la ontología neoliberal-neoclásica es probablemente el ejercicio de prestidigitación social más burdo y evidente que la especie humana haya manufacturado nunca.  La acumulación de la riqueza de un calibre asimétrico como el actual solo es posible si existe una estructura que proyecte interés político de manera escalar masiva ante una realidad de cosas y personas ajena al foco de dicho vector. Una tarea que, necesariamente, solo puede llevar a cabo el Estado. De esta manera, podemos decir que toda realidad distribucional acontecida en cualquier sociedad moderna es consecuencia directa e íntima de la acción estatal.

Apliquemos esto a las grandes fortunas de nuestro tiempo. Bill Gates debe su patrimonio a una cadena de privilegios que nace en la concesión por parte del Estado de la potestad de hacer suyo el plusvalor y termina en la barbárica sobreprotección internacional de la propiedad intelectual digital estadounidense. La única palanca de la que dispone este para que personas terceras  -trabajadores y consumidores- transfieran sus activos –en forma de trabajo o dinero- a su cuenta de resultados es la ley –nacional e internacional- promulgada por el Estado. Por sí mismo, desde su mansión en Seattle, Gates sería incapaz de evitar que Microsoft terminara convirtiéndose en un proyecto colectivo cuya difusión internacional sería total y gratuita. Idéntico resultado al que obtendríamos de estudiar cualquier otra estructura productiva sujeta a una relación de producción y consumo capitalista mediada por la ley del valor. Como sujeto centralizador de la manufactura de un orden social, el Estado es el garante primero y último de que un determinado individuo pueda proyectar interés distribucional y poder político a una escala masiva.

La propiedad sobre el capital no es la única institución de manufactura estatal que permite que trabajadores y consumidores cedan sus activos a determinadas personas mediante una voluntad condicionada a una escala nacional, regional e intercontinental. La potestad monetaria sin la cual la explotación a dos bandas del capital sería imposible es otra de las grandes concesiones públicas con un impacto distribucional sistémico. El interés –precio- del dinero solo tiene sentido en un contexto en el que la manufactura del volumen monetario haya sido segregada por el Estado. La banca comercial dispone hoy de la capacidad de parasitar toda la geografía económica por medio de la producción del dinero. Su modelo de negocio es precisamente cobrar intereses por producirlo –de la nada- y distribuirlo en torno a vectores productivos rentables.  Al “aceptar” operar con dinero aceptamos trabajar sin contraprestación alguna para la banca, una relación que el mismo Estado asegura por medio de la represión de la producción monetaria propia y por medio de la relación tributaria. En consecuencia, sin la manufactura estatal de un marco de producción monetaria segregado, nadie estaría en disposición de imponer una relación parasitaria en torno al acceso monetario a las cosas.

Toda gran fortuna, por su evidente naturaleza escalar, depende del activo diseño de un orden social que permita la proyección e imposición de un interés distribucional y político particular sobre un colectivo humano y una geografía material. Nadie puede aspirar a desplegar y sostener en el tiempo semejante rango cinético por cuenta propia, es una tarea que resultaría materialmente imposible bajo cualquier circunstancia. El Estado es la única estructura que por su condición centralizadora de la manufactura de un orden social puede crear las condiciones en las que dicha espiral acumulativa tenga lugar. Toda gran propiedad requiere de un gran Estado para existir (Smith) y toda gran desigualdad materia se deriva de una gran desigualdad agencial con respecto a la dirección política del Estado.

En consecuencia, el orden social no es un contexto dado como asume la disciplina macroeconómica y los paladines del “sector privado” no ocupan una posición antagónica con respecto a la “función  pública”.  Toda dinámica acumulativa que tenga lugar en cualquier coordenada de la realidad social tiene como punto de partida un esquema institucionalizado en cuyo centro causal se encuentra el Estado. La ontología neoliberal y su derivada meritocrática son por ende productoras de un nivel de demagogia difícilmente superable. Los ricos son ricos simplemente porque existe una política de Estado que así lo ha dispuesto. Una política de Estado que le garantiza a un determinado colectivo tanto su acceso a la riqueza, como también su posterior defensa distribucional frente a terceros. El salvajismo propio del “estado de naturaleza” al que se referían los filósofos clásicos siempre ha estado ahí, lo único que ha cambiado con el tiempo ha sido la envergadura de las lanzas.

 

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